Uno de los hermanos
maristas que a principios de octubre recibió a las primeras familias sirias que
llegaron Uruguay, fue testigo de un feo episodio que luego se repetiría en
varias ocasiones y que provocó preocupación en el gobierno de José Mujica.
Aquel día de octubre, al
religioso le tocó ver cómo uno de los adultos sirios empezaba a pegarle a su
mujer con la tranquilidad de quien lo hace regularmente.
El uruguayo intercedió
para terminar con la golpiza y le informó al sirio que se encontraba en un país
en el que la violencia doméstica es delito. El reprendido se enojó más y pidió
irse de Uruguay, más concretamente para alguna nación europea.
Entonces, los integrantes
de la congregación le hicieron notar que en Europa las leyes de protección a
las mujeres son aún más estrictas. Y los golpes de los sirios hacia las sirias
siguieron ocurriendo.
Fuentes oficiales dijeron
a El Observador que entre las familias sirias se constataron casos de violencia
doméstica difíciles de manejar dada la particular situación en que se
encuentran esos ciudadanos: invitados en nombre de un gobierno que se
comprometió a hacerle las cosas fáciles para que se adaptaran y vivieran lo más
cómodamente posible sin violentar sus costumbres.
Las leyes que existen en
Siria, comparadas con las normas occidentales, tienen
escasos componentes de defensa de la mujer frente a la violencia de sus
parejas.
Si bien la
información de los golpes recibidos por
mujeres sirias en Uruguay llegó a la Institución Nacional de Derechos Humanos
que preside la exfiscal Mirtha Guianze, fuentes del organismo dijeron que de la
situación de los sirios está en manos de la Secretaría de Presidencia. Es así
que Homero Guerrero no solo fue informado de esos actos de violencia sino que
además recibió el planteo en torno a una mujer que sufrió alteraciones
psiquiátricas.
Por su lado, la
exdiputada blanca Beatriz Argimón dijo a El Observador que hace varios días le
llegaron informaciones sobre esos episodios de violencia y que planteará el
asunto en el Directorio del Partido Nacional para que se adopten las decisiones
del caso. “Si estas situaciones de violencia se confirman, habrá que recorrer
los caminos parlamentarios y judiciales que correspondan. Este no es un tema
cultural, es un problema de violación de derechos humanos. ¿A las mujeres
uruguayas no se les puede pegar y a las sirias sí? Si es así, es grave”, dijo
la dirigente del grupo que lidera Luis Lacalle Pou.
“Algunas costumbres”
Convocados por el
presidente Mujica, desde principios de octubre empezaron a llegar a Uruguay
cinco familias sirias integradas por 45 personas. En el gobierno sabían que era
necesaria una adaptación de los extranjeros a la cultura local. Lo que no
previeron fue que esas diferencias culturales podían ir acompañadas por hechos
de violencia que implican delitos y chocan con la línea política seguida por el
oficialismo acerca de los derechos humanos de las mujeres.
El jueves 29 de enero, el
semanario Búsqueda informó que tras la experiencia recogida con el primer
contingente sirio, el gobierno resolvió “ir más despacio” con el objetivo de
que los próximos refugiados -unas 80 personas- lleguen a Uruguay en forma
escalonada y en grupos pequeños.“En vista de algunas dificultades de adaptación
que se experimentaron con el primer grupo, el Ejecutivo considera que se deben
insistir en explicarles a los candidatos cuáles son las posibilidades reales
que tendrán en Uruguay”, informó el semanario.
Según dijeron a El
Observador fuentes del gobierno, esta postergación se debe, precisamente, al
temor del oficialismo a que los nuevos refugiados repitan las prácticas
violentas de sus antecesores.
En tanto, el 14 de enero
el diario El País informó que una de las mujeres sirias se había intentado
suicidar y fue internada en el hospital Vilardebó.
Pocos días después, el
Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer un comunicado en el que
alertó que esa cartera ha tratado de evitar
“la exposición mediática de información relativa a la vida privada de
personas en alta situación de vulnerabilidad, muy especialmente de aquellas que
puedan estar teniendo problemas de salud como consecuencia de experiencias
traumáticas vividas durante la guerra y la persecución en el país del que
debieron huir por razones humanitarias”.“El hecho de que se transforme en
información pública las condiciones específicas de salud de un ser humano viola
la intimidad de las personas, el derecho a la privacidad y no contribuye a
generar -cuando se trata de refugiados- el entorno social amigable que la
sociedad toda se compromete a asegurar cuando ofrece refugio”, señala el
escrito.
Por aquel entonces,
integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se
interesaron por el caso y consultaron al gobierno acerca de la situación de los
refugiados.
Ayer en Radio Sarandí, el
canciller Luis Almagro declaró que la
llegada de las familias sirias “ha sido un proceso ordenado y organizado con
una excelente disposición de los refugiados para permanecer en el Uruguay y con
un período de adaptación que definitivamente tiene a todos muy conformes”.
El presidente Mujica
había dejado entrever en diciembre que la llegada del segundo contingente de
sirios no era segura debido a algunas diferencias culturales que tienen que ver
con el trato familiar.
“No creo que vengan
muchos, tenemos muchas barreras culturales. Si vinieran mujeres y niños sería
encantador. Pero los hombres tienen algunas costumbres que nuestra tradición y
nuestro sistema de derecho no… Hacen demasiadas cosas, como hacían nuestros
bisabuelos, ¿me entendió?”, dijo.
Según datos del
Ministerio del Interior, en el Uruguay del 2014 murió una mujer cada 15 días
víctima de violencia doméstica.
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